Nuevos indicios forenses y análisis de restos calcinados reorientan las indagatorias del caso Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República analiza fragmentos óseos localizados en Iguala y Cocula que fueron omitidos en etapas anteriores del proceso.
Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa enfrentan una revisión exhaustiva a partir del análisis científico de más de una veintena de bolsas con restos humanos calcinados, denominadas piezas petrosas por su nivel de exposición a altas temperaturas.
Estos indicios, recuperados en diversos puntos estratégicos como el basurero de Cocula, el río San Joaquín y las inmediaciones de una funeraria particular en Iguala, Guerrero, permanecen actualmente bajo minuciosos estudios de laboratorio por parte de peritos especializados para determinar su correspondencia genética.
Revisión de evidencias omitidas en las primeras diligencias
El replanteamiento impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR) surge tras detectarse que múltiples fragmentos corporales recuperados desde el año 2014 no fueron integrados con la debida exhaustividad en las líneas periciales primarias ni por las autoridades ministeriales de administraciones pasadas, ni por instancias de acompañamiento técnico.
Especialistas forenses concentran sus esfuerzos en documentar las causas por las cuales estos indicios no fueron procesados a profundidad en su momento, buscando esclarecer si la exclusión de estas pruebas alteró de manera sustancial la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Dentro de las nuevas diligencias, los peritos mantienen labores de prospección en el terreno y en los inmuebles vinculados al caso, con el propósito de descartar o confirmar la existencia de más restos óseos que pudieran estar sepultados sin clasificar.
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El papel operativo de las instalaciones funerarias en Iguala
Un punto central en la actual fase de la investigación se concentra en el predio que albergaba a la funeraria El Ángel, establecimiento que contaba con la concesión oficial para operar como Servicio Médico Forense en la entidad desde el año 2011.
Las indagatorias documentan que dicho inmueble disponía de tres hornos crematorios, de los cuales uno de ellos funcionaba presuntamente al margen de los registros y controles de las autoridades sanitarias y ministeriales.
De acuerdo con los testimonios recabados por las instancias federales, varias de las bolsas con indicios biológicos habrían permanecido bajo resguardo irregular en estas instalaciones durante un periodo prolongado, convirtiendo al predio en una zona prioritaria de rastreo para las autoridades actuales.
Examen de estructuras y responsabilidades institucionales
A la par de los peritajes científicos, las autoridades revisan el entramado político y operativo que prevalecía en el estado de Guerrero durante los acontecimientos, evaluando los niveles de responsabilidad y posibles redes de omisión en el ámbito municipal y estatal.
Las pesquisas buscan profundizar en los nexos de mando entre las corporaciones locales de seguridad y las autoridades civiles de aquel periodo, encabezadas a nivel estatal por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y a nivel municipal por el exalcalde José Luis Abarca.
Pese al paso del tiempo y a la complejidad que representan las irregularidades procesales acumuladas a lo largo de los años, las autoridades federales mantienen el compromiso de agotar los estudios genéticos y técnicos para garantizar el derecho a la verdad y combatir la impunidad en torno a este caso.
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