Trump amenaza con hasta 10 años de prisión a quienes vandalicen el estanque del Monumento a Lincoln
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la aplicación de severas sanciones penales contra quienes dañen el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en medio de denuncias por presunto vandalismo durante trabajos de restauración en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia pública en la que aseguró que se aplicarán penas de hasta 10 años de prisión a quienes vandalicen o intenten dañar el estanque reflectante del histórico Lincoln Memorial, en la capital estadounidense.
Advertencia desde redes sociales
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario recordó que la legislación contempla sanciones severas por la destrucción de bienes públicos, incluyendo intentos de sabotaje o daños a infraestructura restaurada.
“Existe una pena de 10 años de prisión por la destrucción —o incluso el intento de destrucción— de estos elementos”, escribió el presidente, asegurando que dicha medida será aplicada con todo rigor.
Acusaciones de sabotaje
Durante el fin de semana, el mandatario ha sostenido que el estanque reflectante habría sido objeto de vandalismo, calificando los hechos como un posible sabotaje en medio de los trabajos de restauración del sitio.
De acuerdo con sus declaraciones, este sería el único elemento afectado entre varias estatuas, fuentes y espacios rehabilitados recientemente en Washington D.C.
Restauración rumbo a celebraciones nacionales
Las labores de renovación forman parte de un proyecto de mejora urbana en la capital estadounidense, con miras a las celebraciones por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, programadas para el próximo 4 de julio.
Las autoridades han intensificado los trabajos de limpieza y mantenimiento del estanque reflectante, incluyendo la eliminación de algas y la rehabilitación del entorno del monumento.
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Refuerzo de seguridad en espacios públicos
Tras las declaraciones del mandatario, se espera un reforzamiento en la vigilancia de los principales sitios históricos de Washington, particularmente en áreas de alta afluencia turística.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección del patrimonio público y las medidas legales aplicables ante actos de vandalismo en espacios federales.
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