Libertad anticipada de Javier Duarte será determinada en esta nueva fecha
La libertad anticipada de Javier Duarte permanece incierta tras una maratónica audiencia en la que la jueza decidió aplazar su resolución hasta el 21 de noviembre.
La posibilidad de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtenga libertad anticipada quedó nuevamente en suspenso, luego de que la jueza Ángela Zamorano Herrera aplazara su decisión tras una audiencia de casi 12 horas realizada el 19 de noviembre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Durante la diligencia, que retomó un proceso pospuesto la semana anterior, se escuchó a cinco testigos presentados por la FGR, se expusieron alegatos de clausura y se evaluaron las pruebas de ambas partes, en medio de crecientes tensiones entre la Fiscalía y la defensa.
El debate se intensificó cuando los representantes de la FGR cuestionaron la conducta y el proceso de reinserción social del exmandatario, mientras que la defensa aseguró que Duarte cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio, incluyendo buena conducta y el cumplimiento del 95 % de su condena.
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El abogado Pablo Campuzano incluso afirmó que su cliente fue víctima de tortura durante una audiencia previa, en la que —según dijo— fue obligado a comparecer estando descompensado y sujetado a una silla de ruedas.
En contraparte, el fiscal Manuel Granados Quiroz insistió en que la defensa no acreditó actividades de reinserción social y afirmó que Duarte habría intimidado a testigos con la mirada, declaración que provocó risas del exgobernador.
El fiscal pidió no ceder a una “presión navideña” para liberar al sentenciado y recordó que colectivos de madres buscadoras han exigido que permanezca en prisión.
Duarte reaccionó calificando estas afirmaciones como “bajas e insultantes”. La jueza Zamorano Herrera anunció que su resolución será emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.
Antecedentes del caso y contexto judicial
Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, luego de ser acusado por el desvío de más de 1,600 millones de pesos del erario veracruzano durante su administración entre 2010 y 2016.
Su defensa sostiene que ha cumplido con las condiciones jurídicas para obtener la libertad condicionada, mientras que la FGR insiste en que el exgobernador no ha demostrado avances reales en su reinserción.
La decisión final recaerá en la jueza, quien se comprometió a analizar a detalle la evidencia antes de emitir un fallo.
