Trump podrá suspender ciudadanía por nacimiento en 28 estados tras fallo de la Corte Suprema
Con una votación dividida, la Corte Suprema de EE. UU. permitió que entre en vigor una orden presidencial que elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento en 28 estados. El fallo representa una victoria política para Trump, aunque persisten desafíos legales.
Fallo dividido que cambia el panorama legal
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes la entrada en vigor de una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que elimina la ciudadanía por nacimiento en 28 estados del país. La decisión se tomó con seis votos a favor y tres en contra, en una resolución redactada por la jueza Amy Coney Barrett, y dividida por líneas ideológicas.
El tribunal aclaró que la medida entrará en vigor dentro de 30 días, lo cual brinda un margen para que continúen los procesos legales iniciados por los 22 estados que impugnaron la acción presidencial, entre ellos Nueva Jersey, Maryland y Massachusetts.
¿Qué implica la suspensión del derecho de nacimiento?
La orden ejecutiva, firmada el 20 de enero —en el primer día del segundo mandato de Trump— restringe la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU., lo que representa una ruptura con la 14ª Enmienda de la Constitución.
Este principio, vigente desde 1868, garantiza que toda persona nacida en EE.UU. es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. En 1898, la Corte ratificó esta práctica en el histórico caso Wong Kim Ark, base legal de más de un siglo de interpretación constitucional.
Debate sobre las medidas cautelares federales
Más allá del fondo legal sobre la ciudadanía, la resolución de la Corte también pone en duda la facultad de jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional, práctica que ha bloqueado políticas tanto de gobiernos republicanos como demócratas.
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Jueces federales en Seattle, Maryland y Massachusetts habían detenido previamente la orden presidencial en todo el país, argumentando su clara inconstitucionalidad. Uno de ellos, el juez John Coughenour, afirmó: “No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como esta”.
Una batalla que no ha terminado
Aunque el alto tribunal no resolvió aún la constitucionalidad del fondo de la orden, sí decidió permitir que entre en vigor en los estados que no presentaron impugnaciones legales. Esto plantea una aplicación desigual de la ley y genera incertidumbre sobre la situación jurídica de los niños nacidos en esas regiones durante ese periodo.
El debate constitucional continúa, y el futuro del derecho de ciudadanía por nacimiento podría quedar en manos de futuras deliberaciones o del Congreso.
