Colectivos de familias y organismos internacionales piden que se escuchen todas las voces en la discusión de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Organismos internacionales piden participación ciudadana amplia
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó este jueves la exigencia de colectivos de familias de personas desaparecidas para que el Senado de la República convoque a un Parlamento Abierto antes de discutir la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mediante un mensaje en la red social X, la ONU-DH destacó la necesidad de generar “un espacio de escucha plural, representativo e informado” donde se garantice la participación de todos los sectores involucrados, especialmente las familias de personas desaparecidas, quienes han encabezado la lucha por la verdad, la justicia y la memoria.
Naciones Unidas insiste en garantizar derechos y transparencia
El organismo internacional enfatizó que la instalación de este Parlamento Abierto es clave para nutrir la propuesta legislativa y fortalecer elementos como la Plataforma Única de Identidad, así como las acciones en materia de búsqueda, identificación, atención a víctimas y justicia.
El posicionamiento de la ONU-DH ocurre poco después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU solicitara al Estado mexicano, bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un informe sobre indicios de desapariciones forzadas generalizadas en el país.
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México deberá responder a la ONU antes de septiembre de 2025
La petición del CED requiere que México entregue información puntual antes del 18 de septiembre de 2025, con el objetivo de evaluar la situación real en el país. Este tipo de solicitudes solo se realiza cuando existe preocupación por contextos que podrían facilitar la desaparición de personas.
En este contexto, tanto la ONU como las familias organizadas insisten en que la discusión legislativa no debe realizarse a puerta cerrada ni sin el consentimiento de quienes han enfrentado directamente esta crisis.
