Rosario Piedra cambia de postura sobre la ONU y se alinea con el gobierno: “No vamos a permitir que trabajen en México”
La presidenta de la CNDH rechaza ahora la intervención del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, al que antes consideraba fundamental en la búsqueda de justicia por casos como Ayotzinapa.
Un giro de discurso: de la bienvenida al rechazo
Durante un evento conmemorativo en el panteón Las Cruces, en Acapulco, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, expresó su rechazo a la intervención de organismos internacionales en México, específicamente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
La declaración surge tras la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que permite llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas. “La ONU no va a hacer nada aquí, no lo vamos a permitir”, afirmó tajantemente.
En 2020 sí era “muy importante”
Lo llamativo es que en 2020, Piedra Ibarra defendía abiertamente el regreso del Comité. En una entrevista con TV UNAM, elogió su trabajo durante la investigación del caso Ayotzinapa, acusando al gobierno de Enrique Peña Nieto de obstaculizar las pesquisas. “Sería muy importante que este Comité volviera”, decía entonces.
Hoy, sin embargo, insiste en que las denuncias de desapariciones forzadas tienen motivaciones políticas, negando que haya participación del Estado, pese a que la definición de desaparición forzada incluye acciones de grupos criminales en complicidad con autoridades.
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Postura alineada con el gobierno de Sheinbaum
Las declaraciones de Rosario Piedra coinciden con la postura oficial del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó como injustificada la activación del procedimiento por parte del Comité. El gobierno mexicano envió una nota diplomática expresando su inconformidad y cuestionando el conocimiento del CED sobre el contexto nacional.
El Comité respondió que su actuación se basa en estándares internacionales y evidencias acumuladas desde 2015, cuando comenzaron a alertar sobre un patrón sistemático de desapariciones en el país.
Mientras tanto, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos lamentan que las autoridades mexicanas cierren la puerta a mecanismos internacionales, cuando en muchas ocasiones han sido la única vía para visibilizar los casos.
