En una sesión extraordinaria y de carácter reservado, que concluyó a la medianoche del lunes, el Congreso de Campeche aprobó la despenalización del aborto, sumándose así a otras entidades del país que han reformado sus leyes en línea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ligia Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, confirmó que la mayoría legislativa, encabezada por Morena, avaló la reforma tras un exhorto impulsado por su comisión y diversos colectivos feministas.
Con ello, se eliminó del Código Penal estatal la figura del aborto como delito.
La reforma elimina los artículos 155 al 159 del Código Penal estatal, que imponían sanciones a las mujeres que interrumpieran voluntariamente su embarazo. Antes de la modificación, las mujeres enfrentaban de 24 a 72 jornadas de trabajo comunitario por abortar antes de las 12 semanas de gestación, y de seis meses a dos años de prisión si el aborto se realizaba después de las 12 semanas.
Se prevé que, con la nueva legislación, se deroguen las sanciones penales para las mujeres y también se eliminen los castigos a quienes inciten o provoquen abortos sin consentimiento.
Sin embargo, la decisión generó reacciones encontradas. El obispo de Campeche, José Francisco González González, expresó su rechazo, calificando la medida como un impulso a la “cultura de la muerte”. Por su parte, Nicte Ha Aguilera Silva, líder de la organización católica Más Vida Más Familia, anunció que impugnarán la reforma, argumentando que se aprobó “a espaldas del pueblo”, pues la sesión comenzó a las 11 de la noche y concluyó una hora después.
El Congreso estatal no dio detalles sobre los votos individuales de los legisladores ni transmitió la sesión en sus canales oficiales.
La reforma elimina los artículos 155 al 159 del Código Penal estatal, que imponían sanciones a las mujeres que interrumpieran voluntariamente su embarazo. Antes de la modificación, las mujeres enfrentaban de 24 a 72 jornadas de trabajo comunitario por abortar antes de las 12 semanas de gestación, y de seis meses a dos años de prisión si el aborto se realizaba después de las 12 semanas.
Se prevé que, con la nueva legislación, se deroguen las sanciones penales para las mujeres y también se eliminen los castigos a quienes inciten o provoquen abortos sin consentimiento.
Hasta el momento, el Congreso local no ha publicado en su gaceta legislativa el dictamen final ni ha detallado cómo se distribuyeron los votos.
