Juez detiene las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump; bloquea la expulsión de migrantes.
James E. Boasberg explicó que debía emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a migrantes hacia El Salvador y Honduras en virtud de esa proclamación.
Un juez federal bloqueó el sábado las deportaciones que el gobierno de Donald Trump estaba llevando a cabo bajo una ley del siglo XVIII, que el presidente invocó horas antes al afirmar que Estados Unidos estaba siendo invadido por una pandilla venezolana y que contaba con nuevas facultades para expulsar a sus integrantes del país.
James E. Boasberg, juez principal de la corte federal de distrito para el Distrito de Columbia, señaló que era necesario emitir su orden de inmediato debido a que el gobierno ya estaba enviando a El Salvador y Honduras a migrantes que, según la proclamación de Trump, eran recientemente “deportables” para ser encarcelados en esos países. El Salvador acordó esta semana aceptar hasta 300 migrantes que el gobierno de Trump identificó como miembros de pandillas.
“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró Boasberg durante una audiencia celebrada el sábado por la tarde en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. “Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno”, agregó, señalando que los migrantes permanecen bajo custodia del gobierno, pero ordenó el regreso de cualquier avión que ya estuviera en el aire.
El fallo fue emitido pocas horas después de que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos y recurriera a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una autoridad en tiempos de guerra que otorga al presidente un margen de acción más amplio para ejecutar políticas y acelerar deportaciones masivas.
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La ley solo ha sido utilizada en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, todas ellas durante conflictos bélicos. Su aplicación más reciente fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empleó para detener a alemanes e italianos, así como para el internamiento masivo de ciudadanos estadounidenses de origen japonés.
En una proclamación publicada poco más de una hora antes de la audiencia de Boasberg, Trump afirmó que el Tren de Aragua estaba en guerra con Estados Unidos.
“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido cada vez más control sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluido el TdA”, señala la declaración de Trump. “El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión y una incursión depredadora en Estados Unidos, y que representa un peligro sustancial para Estados Unidos”.
La orden podría autorizar al gobierno a deportar a cualquier migrante identificado como miembro de la pandilla sin necesidad de cumplir con los procedimientos migratorios habituales, y podría eliminar otras protecciones legales para las personas señaladas por el gobierno.
El Tren de Aragua se originó en una prisión venezolana y acompañó el éxodo de millones de venezolanos, la mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el colapso económico de su país en la última década. Trump y sus aliados han presentado a la pandilla como el símbolo de la amenaza que, según ellos, representan los inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos, y el mes pasado la designaron oficialmente como una “organización terrorista extranjera”.
Las autoridades de varios países han informado sobre arrestos de miembros del Tren de Aragua, aunque el gobierno venezolano sostiene que la organización criminal ha sido desmantelada.
El gobierno estadounidense informó que Trump firmó la orden el viernes por la noche. Los abogados de inmigración señalaron que el gobierno comenzó a deportar de inmediato a venezolanos que, en circunstancias normales, no podrían haber sido expulsados legalmente, lo que los llevó a presentar demandas para frenar lo que consideraban una proclamación pendiente.
Boasberg emitió una orden inicial a las 9:20 de la mañana del sábado, que impidió que la administración de Trump deportara a cinco venezolanos mencionados como demandantes en la demanda de la ACLU, quienes estaban bajo custodia del gobierno y temían ser expulsados en cualquier momento. El gobierno de Trump apeló la orden, argumentando que impedir una acción presidencial antes de que se haya implementado paralizaría el poder ejecutivo.
Si se hubiera permitido mantener la orden, “los tribunales de distrito tendrían licencia para prohibir prácticamente cualquier acción urgente de seguridad nacional solo con la recepción de una queja”, escribió el Departamento de Justicia en su apelación.
Más tarde, Boasberg programó una audiencia vespertina para decidir si extendería su orden a todas las personas que pudieran ser señaladas bajo la declaración de Trump.
El subprocurador general adjunto Drew Ensign argumentó que el presidente tenía un margen de acción amplio para identificar amenazas al país y responder conforme a la ley de 1798. Sostuvo que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el presidente Harry Truman retuviera a un ciudadano alemán en 1948, tres años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, en virtud de la misma medida.
