Proponen en Campeche mayor control al gasto en vehículos oficiales
En sesión ordinaria, se dio lectura a dos importantes iniciativas que buscan transformar el ejercicio del servicio público y la protección de los sectores más vulnerables.
Diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo 42 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche y sus Municipios. El objetivo central es establecer un uso racional, austero y estrictamente verificable de las unidades vehiculares del gobierno.
La propuesta plantea que las bitácoras de combustible dejen de ser un registro opcional para convertirse en un requisito obligatorio en la justificación del gasto público. De aprobarse, cada unidad administrativa deberá registrar de forma clara:
Kilometraje recorrido por servicio.
Litros de combustible cargados.
Destino o uso específico del vehículo.
Persona responsable de su operación.
Esta reforma surge como respuesta directa a las recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASECAM) en los informes de las Cuentas Públicas 2023 y 2024. Además, se establece que cualquier incumplimiento en estos registros generará responsabilidades administrativas, asegurando que los recursos públicos no se desvíen a fines particulares.
Protección integral para adultos mayores en asilos
Por otra parte, los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez y Omar Alberto Talango Cervantes (Morena) impulsaron una reforma a la Ley de Protección de Adultos Mayores. Esta iniciativa busca que el Estado pase de una visión asistencialista a una de garantías jurídicas plenas para quienes residen en asilos o estancias, tanto públicas como privadas.
La reforma otorga facultades de supervisión permanente al Sistema Estatal DIF Campeche, permitiéndole:
Vigilar que el funcionamiento de estos espacios cumpla con estándares de dignidad, seguridad y calidad.
Verificar el respeto absoluto a los derechos humanos de los residentes.
Actuar de manera inmediata ante cualquier sospecha de violencia u omisión de cuidado, dando parte a las autoridades judiciales y adoptando medidas de protección urgentes.
Con este enfoque, se reconoce que los adultos mayores requieren mecanismos de supervisión efectivos que definan claramente las responsabilidades de quienes brindan atención médica y social, garantizando una vejez plena y segura en la entidad.
