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Sin permisos ni control, crece el comercio ilegal de pirotecnia en Campeche

La falta de una acción coordinada entre las autoridades ha permitido que el problema se mantenga sin mayores obstáculos.

La comercialización ilegal de pirotecnia en Campeche continúa en aumento, especialmente a través de plataformas digitales como Facebook, donde se ofertan productos sin permisos, garantías ni verificación de procedencia. Esta práctica persiste pese a las disposiciones de la Ley Federal de Explosivos y a la obligatoriedad de contar con autorizaciones emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, las cuales no han sido otorgadas durante 2025.

La falta de una acción coordinada entre las autoridades ha permitido que el problema se mantenga sin mayores obstáculos. Tanto la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientales y Ecosistemas del Estado como la Alcaldía de Campeche han evitado asumir responsabilidades directas, señalándose mutuamente como instancias competentes. Esta indefinición ha facilitado la proliferación de ventas ilegales, incluso con promociones y entregas a domicilio, incrementando el riesgo para la seguridad pública.

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Especialistas y organizaciones ambientalistas han advertido desde hace años que el uso descontrolado de pirotecnia genera afectaciones que van más allá de los daños físicos a las personas. Los impactos negativos alcanzan a la fauna silvestre, a las mascotas y al medio ambiente urbano, provocando contaminación acústica y deterioro en la calidad del aire. La falta de regulación efectiva también fortalece un mercado clandestino que evade sanciones y opera con total impunidad.

El panorama refleja una problemática estructural relacionada con la aplicación de la ley y la coordinación institucional. Ante antecedentes nacionales donde el uso irresponsable de pirotecnia ha derivado en tragedias, la regulación y el control efectivo de esta actividad resultan indispensables para proteger a la población y al entorno natural. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la aplicación estricta de la normatividad vigente son pasos clave para erradicar una práctica que sigue poniendo en riesgo a Campeche.

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