El Senado avaló por unanimidad reformas para castigar la extorsión con hasta 42 años de prisión, endureciendo la propuesta original y homologando su persecución en todo el país.
En un inusual acto de consenso político ante la crisis de inseguridad, el Senado de la República aprobó por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, una serie de reformas trascendentales para combatir la extorsión en México. Este miércoles, los legisladores dieron luz verde a un texto que endurece significativamente las penas contra quienes cometan este delito, corrigiendo la versión previamente suavizada por la Cámara de Diputados y estableciendo castigos de hasta 42 años de prisión.
La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad, busca cerrar el paso a la impunidad. La reforma establece la homologación del delito para que se persiga bajo los mismos criterios en las 32 entidades federativas y, de manera crucial, determina que será investigado de oficio. Esto significa que las autoridades tendrán la obligación de perseguir a los criminales sin necesidad de que exista una denuncia directa de la víctima, protegiendo así a quienes temen represalias.
Endurecimiento de sanciones y rectificación legislativa
El debate en la Cámara Alta se centró en revertir la laxitud que había permeado en la revisión de la Cámara de Diputados. Senadores tanto del bloque oficialista como de la oposición coincidieron en la urgencia de elevar el costo de delinquir. Mientras que el texto anterior contemplaba penas de seis a 15 años, la nueva redacción establece una sanción mínima de 15 a 25 años de cárcel, la cual puede escalar hasta los 42 años dependiendo de una treintena de agravantes.
Asimismo, se recuperaron las sanciones severas para los servidores públicos —policías, ministerios públicos o directores de penales— que, teniendo conocimiento de estos actos, omitan denunciarlos. La propuesta original de Sheinbaum, que sugería de 10 a 20 años para funcionarios corruptos u omisos, fue reinstaurada, desechando la reducción a cinco años que habían planteado los diputados.
Combate al “cobro de piso” y nuevas modalidades
La legislación busca atacar de frente las diversas caras de la extorsión que asfixian a la sociedad mexicana. Se pone especial énfasis en el “cobro de piso”, esa cuota ilegal que grupos criminales exigen a comercios, transportistas, grandes empresas, gobiernos municipales e incluso vendedores ambulantes para permitirles trabajar.
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Sin embargo, la ley también moderniza la tipificación del delito para incluir fenómenos recientes y crecientes. Los llamados “montachoques” (accidentes viales provocados para exigir dinero) y las llamadas telefónicas coercitivas que se originan desde el interior de los centros penitenciarios ahora son consideradas variantes específicas del delito, facilitando su castigo.
Nuevas agravantes: Tecnología y género
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron modificaciones clave propuestas por Morena. Una de las más relevantes, impulsada por el vicecoordinador Ignacio Mier, incluye como agravante el uso de dispositivos, medios o plataformas digitales para cometer la extorsión. “Se trata de cerrar las grietas a las plataformas digitales y las telecomunicaciones”, afirmó Mier, reconociendo cómo la tecnología ha sido cooptada por el crimen.
Además, se integró la perspectiva de género en la atención a las víctimas, reconociendo que las mujeres suelen enfrentar tipos específicos de coacción y vulnerabilidad en estos escenarios delictivos.
El debate presupuestal y el siguiente paso
A pesar de la unanimidad en la votación, el tema de los recursos generó fricción. Legisladoras de oposición, como Guadalupe Murguía del PAN y Carolina Vigiano del PRI, advirtieron que sin un presupuesto etiquetado, la ley corre el riesgo de quedar en “buenas intenciones”. La creación de fiscalías especializadas en los estados requiere dinero, y la falta de recursos adicionales en el dictamen pone en duda su implementación efectiva.
El proyecto ahora regresará a la Cámara de Diputados, donde se espera que los cambios sean ratificados para que la “cruzada contra la extorsión” pueda comenzar formalmente su implementación legal en todo el territorio nacional.
