Nueva Ley Antilavado impone mayores responsabilidades y sanciones al sector inmobiliario en México
Los asesores inmobiliarios deberán evaluar a sus clientes, reportar operaciones sospechosas y conservar expedientes por una década, según las nuevas disposiciones
Con la entrada en vigor de la nueva Ley Antilavado en julio, el sector inmobiliario mexicano enfrenta un marco más estricto. Los asesores deberán identificar a sus clientes, verificar la procedencia de los recursos y emitir alertas en casos de riesgo. Las multas por incumplimiento podrían alcanzar hasta un millón de pesos.
Una nueva etapa para el sector inmobiliario
Desde julio, los asesores inmobiliarios mexicanos operan bajo la nueva Ley Antilavado, que refuerza las medidas contra el uso de recursos ilícitos en la compra-venta de propiedades. De acuerdo con la empresa MoradaUno, la normativa marca un antes y un después en el sector al exigir mayor control, documentación y vigilancia sobre las transacciones.
Conocer al cliente, una obligación legal
La principal modificación establece que los asesores deberán evaluar a los compradores, crear expedientes completos y emitir alertas ante operaciones sospechosas. “Antes existían disposiciones similares, pero eran poco revisadas. Hoy, los intermediarios comparten responsabilidad con notarios y deben conocer a fondo a sus clientes”, explicó Jorge Rodríguez, gerente de Desarrollo de Negocios en Regcheq México.
Además, los asesores deben verificar la fuente de ingresos del comprador y confirmar que no aparezca en listas de vigilancia oficiales.
Figura del Beneficiario Controlador
La ley introduce también la figura del Beneficiario Controlador, que obliga a identificar a la persona que posea o controle al menos 25% de una empresa involucrada en una operación inmobiliaria. Sobre este individuo, el asesor deberá aplicar los mismos filtros de verificación y análisis de riesgo.
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Durante el seminario El Impacto de la Nueva Ley Antilavado en el Sector Inmobiliario, organizado por MoradaUno, se destacó que los asesores deberán clasificar a los clientes en riesgo bajo, medio o alto, según factores como:
- Forma de pago (efectivo, transferencia o crédito)
- Origen de los fondos
- Nacionalidad
- Exposición política o profesional
Por ejemplo, un comprador mexicano con crédito bancario se considera de riesgo bajo, mientras que un inversionista extranjero que pague en efectivo podría representar un riesgo alto.
Asesores con rol de vigilancia
La ley obliga a notificar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro de 24 horas cuando se detecten operaciones sospechosas. Asimismo, los asesores deberán conservar los expedientes por 10 años y establecer manuales de cumplimiento y programas de capacitación interna.
Aunque la norma ya está vigente, aún faltan las Reglas de Carácter General, que se publicarán antes de julio de 2026, las cuales definirán los procedimientos formales de cumplimiento.
“El reto no solo es legal, también operativo. El momento de prepararse es ahora, porque pronto la autoridad podrá revisar con todo rigor”, señaló Santiago Morales, CEO de MoradaUno.
Sanciones y objetivos de la ley
Las sanciones por incumplimiento pueden ir de 20 mil a un millón de pesos, dependiendo de la gravedad, y en ciertos casos derivar en responsabilidad penal.
Pese al endurecimiento, los especialistas enfatizan que la meta de la ley no es convertir a los asesores en “policías”, sino fortalecer la cooperación con las autoridades.
“El trabajo del asesor sigue siendo vender inmuebles, pero ahora con un enfoque más responsable y transparente”, concluyó Rodríguez.
