Avala Senado minuta de Ley de Amparo; La turna al ejecutivo
El Congreso aprueba reforma a Ley de Amparo que restringe su uso para élites fiscales y la envía a promulgación
Proceso acelerado y posiciones encontradas
La aprobación se realizó en un proceso legislativo acelerado, apenas quince horas después de su aval en San Lázaro. Con base en el procedimiento de “urgente y obvia resolución”, la minuta pasó directamente al pleno y fue aprobada en lo general con 82 votos a favor y 38 en contra, y en lo particular con 81 votos a favor y 37 en contra. El debate estuvo marcado por duros intercambios entre las bancadas del oficialismo y la oposición, quienes contrastaron posturas sobre la retroactividad y el alcance del nuevo marco legal.
Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo transitorio, el cual había generado polémica desde su primera versión. En el texto final se establece que las etapas procesales concluidas seguirán rigiéndose por la normativa vigente al inicio del juicio, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se regirán por la nueva ley. De acuerdo con senadores de Morena, esta redacción elimina cualquier posibilidad de retroactividad y garantiza que los derechos adquiridos no se vean afectados. Sin embargo, representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano consideraron que los cambios son meramente cosméticos y no eliminan el riesgo de vulnerar garantías constitucionales.
Durante la discusión, los senadores oficialistas defendieron que la reforma es de carácter procesal y busca modernizar los juicios de amparo para hacerlos más ágiles, reducir abusos y fortalecer la certeza jurídica. El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara argumentó que durante años las élites económicas han utilizado el amparo como un mecanismo para evadir el pago de impuestos, y que esta actualización legal cerrará la puerta a esas prácticas.
“El dinero del pueblo, destinado a escuelas, hospitales y programas sociales, fue secuestrado por unos cuantos que confundieron su riqueza con impunidad”, señaló el legislador.
Por su parte, los grupos opositores calificaron el proceso legislativo como “vergonzoso” y aseguraron que las modificaciones restringen la figura del “interés legítimo”, lo que afectará la posibilidad de que comunidades indígenas, colectivos ambientales o grupos vulnerables interpongan amparos. La senadora priísta Carolina Viggiano advirtió que la reforma podría ser utilizada con fines fiscales para cobrar créditos pendientes que, según estimaciones, superan los dos billones de pesos, la mayoría correspondientes a pequeñas y medianas empresas.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó los señalamientos de la oposición y sostuvo que las reformas fueron elaboradas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A su vez, el morenista Enrique Inzunza afirmó que los cambios atienden observaciones de especialistas y refuerzan la justicia social al impedir abusos procesales.
“Durante el periodo neoliberal México fue una banda de ladrones que vendió su patrimonio; hoy cerramos ese ciclo y abrimos la justicia a los ciudadanos comunes”, subrayó.
El resultado y próximo paso
Tras su aprobación, la minuta será remitida a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, el nuevo marco legal comenzará a aplicarse en las actuaciones procesales futuras, aunque las fases ya concluidas continuarán bajo la legislación previa. A pesar de las garantías ofrecidas por el bloque oficialista, expertos en derecho constitucional advierten que la interpretación del nuevo transitorio podría generar controversias judiciales y eventualmente dar pie a acciones de inconstitucionalidad.
La reforma a la Ley de Amparo representa uno de los cambios más significativos al sistema jurídico mexicano en los últimos años. Mientras el gobierno la presenta como un paso hacia la modernización y la equidad fiscal, la oposición la percibe como un retroceso en materia de derechos ciudadanos. Su promulgación abrirá una nueva etapa en la aplicación del amparo, un instrumento central para la defensa frente a actos de autoridad.
