Ricardo Monreal propone regular transporte de gas LP tras tragedia en Iztapalapa
El legislador adelantó que el Congreso impulsará reformas para reforzar la seguridad en el traslado de combustibles y materiales peligrosos.

Tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, que dejó varios heridos y al menos nueve muertos, Ricardo Monreal aseguró que el Congreso dará prioridad a reformas para endurecer la regulación del transporte de combustibles y materiales de alto riesgo.
Congreso retomará iniciativas pendientes
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, afirmó que se revisarán y discutirán de manera prioritaria iniciativas que habían quedado pendientes sobre la regulación de gaseras y autotransportes de doble remolque. Entre ellas, destaca la propuesta de que el traslado de materiales peligrosos se realice únicamente en horarios de baja afluencia vehicular.
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Seguridad en el transporte de combustibles
El también coordinador parlamentario de Morena subrayó que el accidente ocurrido en Iztapalapa evidencia la urgencia de actualizar el marco jurídico en la materia.
“Vamos a legislar, lo estamos haciendo. Esta va a ser una prioridad nuestra, probablemente en este periodo”, aseguró.
Monreal agregó que se trabaja con las comisiones de Energía y de Comunicaciones y Transportes para definir medidas más estrictas sobre rutas, horarios y condiciones de transporte de gas LP, además de reforzar la supervisión a las empresas responsables.
Solidaridad y consecuencias legales
El legislador envió un mensaje de apoyo a las víctimas y destacó la labor de los cuerpos de emergencia. Asimismo, advirtió que habrá sanciones para las gaseras y responsables del accidente:
“No se puede permitir la impunidad. Va a haber consecuencias contra las empresas involucradas en esta tragedia”, afirmó.
Por su parte, Luis Humberto Fernández, presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, coincidió en la necesidad de una revisión rigurosa del caso, pero advirtió que el marco jurídico actual debe aplicarse con firmeza antes de impulsar cambios apresurados.
“No se trata solo de cancelar permisos, hay también una responsabilidad penal que debe investigarse y sancionarse”, puntualizó.