Juez federal frena redadas migratorias del gobierno de Trump en California
Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado suspender las detenciones masivas de migrantes por parte del gobierno del presidente Donald Trump en siete condados del estado de California, incluidos Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, tras una demanda colectiva interpuesta por organizaciones de derechos civiles.
La orden judicial responde a una acción legal presentada la semana pasada por grupos defensores de migrantes, quienes acusan a la administración de llevar a cabo una ofensiva migratoria centrada en personas de tez morena. En el documento legal se citan casos de detención sin orden judicial, perfilamiento racial y restricciones al acceso a representación legal, especialmente en el centro de detención ubicado en el centro de Los Ángeles.
Entre los demandantes se encuentran tres migrantes detenidos recientemente, así como dos ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos fue retenido a pesar de haber mostrado su identificación oficial, lo que ha reavivado el debate sobre el alcance de las facultades de las autoridades migratorias y el respeto al debido proceso.
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La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU., exige frenar lo que califica como “tácticas inconstitucionales” empleadas durante las redadas. Las organizaciones firmantes aseguran que se está criminalizando la presencia migrante sin fundamentos legales sólidos y que se violan derechos fundamentales.
En respuesta a las acusaciones, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, defendió las acciones de las autoridades al declarar por correo electrónico: “Cualquier afirmación de que las personas hayan sido ‘seleccionadas’ por la policía debido al color de su piel es repugnante y categóricamente FALSA”.
La decisión del juez implica una suspensión inmediata de las operaciones migratorias agresivas en las zonas señaladas, mientras continúa el análisis del caso en tribunales. Esta medida ha sido celebrada por defensores de derechos humanos, quienes consideran que la orden judicial podría sentar un precedente para limitar los excesos de las políticas migratorias federales en estados santuario como California.
