La aprobación de la reforma federal a la Ley General de Vida Silvestre —popularmente conocida como Ley Mincho— marca un punto de inflexión en la relación de México con sus especies marinas. Este avance no es un simple ajuste normativo: es un acto de justicia ambiental y una declaración de principios. Prohibir los espectáculos con delfines, orcas y otros mamíferos marinos es reconocer que el entretenimiento basado en el encierro y la explotación ya no cabe en el proyecto de nación que estamos construyendo.
Quintana Roo no es ajeno a este debate. Nuestro estado concentra el mayor número de delfinarios del país y, por años, el turismo de contacto con fauna marina fue considerado un atractivo económico incuestionable. Sin embargo, no podemos seguir midiendo el desarrollo con la lógica del beneficio inmediato. La transformación que encabeza la Cuarta Transformación implica poner la dignidad y la vida en el centro de la política pública.
Hoy, desde el Congreso del Estado, asumimos el deber de armonizar nuestra legislación local con la reforma federal. Este proceso no es burocrático: es un compromiso histórico. Nos corresponde acompañar la transición de más de una decena de instalaciones que deberán reconvertirse hacia actividades de conservación, investigación y cuidado responsable de los ejemplares que hoy permanecen en cautiverio.
Ninguna decisión profunda está exenta de debate. Habrá quienes argumenten que cerrar los delfinarios pone en riesgo empleos y genera incertidumbre económica. No podemos ignorar estas preocupaciones. Pero tampoco podemos seguir negando que el sufrimiento de los cetáceos, confinados a tanques de concreto y sometidos a rutinas artificiales, contradice todo valor que presuma ser humanista.
La nueva ley otorga plazos claros: 18 meses para reubicaciones y un registro exhaustivo de los ejemplares en un máximo de 90 días. Estas medidas garantizan que la transición será ordenada y con participación de autoridades, expertos y sociedad civil. Como diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, refrendo mi compromiso de legislar con sensibilidad, escuchando a trabajadores, activistas y empresarios turísticos.
La protección de la vida marina es un deber ético y un legado que debemos dejar a las nuevas generaciones. No se trata de un capricho ambientalista, sino de un paso coherente con la visión de un México más justo y respetuoso de la naturaleza. Transformar también es reconocer que ningún progreso puede construirse sobre la explotación de los seres más vulnerables.
Hoy más que nunca, Quintana Roo puede convertirse en ejemplo nacional de cómo reconciliar turismo con respeto a la vida. Este es el camino de la transformación.
