Señala Bukele que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica
Un fin de semana marcado por la violencia, con más de 50 personas asesinadas por pandillas, llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a solicitar el 27 de marzo de 2022 la declaración del régimen de excepción.
Dos años después, aunque la criminalidad ha disminuido considerablemente, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos siguen preocupadas por las posibles consecuencias de esta medida.
Bukele utilizó su mayoría parlamentaria para obtener las medidas excepcionales solicitadas, que se han renovado sucesivamente.
A principios de este mes, la Asamblea Legislativa aprobó la vigesimocuarta prórroga, extendiendo así la vigencia del régimen al menos hasta mediados de abril, sin perspectivas de finalización a corto plazo.
Esta semana, Bukele destacó el despliegue de 5,000 policías y 1,000 soldados en cuatro zonas tras dos homicidios en la zona norte.
En redes sociales, afirmó que no cesarán hasta erradicar lo poco que queda de las pandillas, argumentando que El Salvador es actualmente el país más seguro de América Latina.
A pesar de los arrestos que superan los 75,000, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, admitió en enero que aún quedan entre 18,000 y 20,000 pandilleros por detener.
El Gobierno reconoce cierto margen de error en estas detenciones masivas, estimando entre 6,000 y 7,000 arrestos injustos, según el vicepresidente Félix Ulloa.
Aunque la delincuencia ha disminuido, la ONU ha señalado excesos por parte de las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el año pasado la detención de 1,600 menores de edad y ha documentado 327 casos de desapariciones forzadas hasta febrero, junto con más de 78,000 detenciones arbitrarias y al menos 235 muertes bajo custodia.
Amnistía Internacional, por su parte, eleva a 102,000 la cifra de personas entre rejas, en un sistema penitenciario que opera al 148 por ciento de su capacidad, a pesar de la construcción de una megaprisión para aliviar el hacinamiento.
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Aunque la delincuencia ha bajado, la ONU y Amnistía Internacional han instado a Bukele a respetar el Estado de derecho y los Derechos Humanos.
Advierten que la falta de contrapeso interno y la respuesta tímida de la comunidad internacional pueden llevar a la percepción errónea de que la estrategia de Bukele es la solución mágica a problemas complejos. Instan a buscar soluciones integrales y respetuosas de los Derechos Humanos, así como a reaccionar de manera robusta frente a los abusos.
