En las próximas semanas, el Congreso del Estado deberá analizar y votar una propuesta para crear un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten amenazas o situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o la de sus familiares.
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Adrián Serrano Barrientos, explicó que la iniciativa busca que cualquier periodista o defensor de derechos humanos pueda solicitar apoyo cuando considere que existe una situación de riesgo. El objetivo es establecer medidas preventivas, precautorias y de protección antes de que ocurra una posible agresión.
Comité analizaría cada solicitud de protección
La propuesta contempla la creación de un comité interinstitucional encargado de revisar las solicitudes y determinar si existen elementos suficientes para implementar alguna medida de protección.
En este mecanismo participarían instituciones como la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, el Congreso del Estado y el Poder Judicial, que tendrían la responsabilidad de analizar las circunstancias de cada caso y establecer las acciones correspondientes cuando se determine la existencia de un riesgo.
La solicitud podría realizarse cuando una persona considere que su seguridad está en peligro. Posteriormente, el comité evaluaría las condiciones y, en caso de considerarlo necesario, establecería medidas preventivas o de protección.
Periodistas participarían en consejo consultivo
Uno de los puntos planteados es que periodistas formen parte del consejo consultivo, con el propósito de que las decisiones no dependan exclusivamente de las autoridades.
La participación de integrantes del gremio permitiría incorporar la experiencia de personas que conocen directamente los riesgos y particularidades del ejercicio periodístico y de la defensa de los derechos humanos.
La iniciativa deberá pasar por las comisiones del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación. Posteriormente, el proyecto podría llegar al Pleno para su discusión y eventual aprobación.
De concretarse, el mecanismo representaría un esquema de protección que no se limitaría a responder después de una agresión, sino que buscaría prevenir situaciones de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos mediante medidas oportunas y coordinadas.
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