Campeche: pionero en reinserción social de reos
El estado lidera la credencialización y educación para personas sentenciadas, marcando un hito en derechos humanos.
El Sistema Penitenciario de Campeche se consolidó esta semana como un referente en México al convertirse en la primera entidad del país en implementar la credencialización de personas sentenciadas, garantizando su derecho fundamental a la identidad. Durante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el titular de la institución, Javier Herrera Valles, presentó este logro histórico que busca asegurar que, a pesar de la pérdida de los derechos políticos debido a una condena, los internos mantengan un documento oficial de identificación.
Anteriormente, este beneficio del voto e identidad mediante el Instituto Nacional Electoral (INE) se limitaba exclusivamente a las personas en proceso judicial que aún no recibían sentencia. Con esta innovación administrativa y legal, Campeche rompe paradigmas en la reinserción social: las identificaciones oficiales serán resguardadas por la autoridad y se entregarán a los internos cuando requieran realizar trámites oficiales o acreditar quiénes son, devolviéndoles un elemento clave de dignidad humana.
Alianzas educativas para una reinserción social efectiva
“Estas acciones forman parte del espíritu de la verdadera reinserción social, al brindar oportunidades que permitan a quienes están en los centros penitenciarios adquirir conocimientos y mejorar sus perspectivas de vida”, afirmó Herrera Valles.
Además del hito de la credencialización, el funcionario estatal anunció la firma de un convenio educativo de alto impacto con el Tecnológico de Calkiní. A partir del próximo mes de septiembre, las personas privadas de la libertad podrán cursar las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales en la modalidad en línea.
Infraestructura, becas y apoyo a las familias
Para garantizar el éxito de este programa de reinserción social, los internos inscritos recibirán becas con cobertura del 100% y se les dotará de equipos de cómputo dentro de los centros penitenciarios. Como medida complementaria, el estado mantiene una colaboración activa con la Fundación Pablo García.
Este acuerdo extiende el beneficio de becas para estudios de licenciatura, maestría y doctorado, beneficiando no solo al personal administrativo y operativo del sistema penitenciario, sino también a los familiares directos de los internos, atacando de raíz el impacto social del encarcelamiento.
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